Los
conductores que manejan en estado de embriaguez lamentablemente están dando de
qué hablar cada vez más y más, las cifras reveladas por el comando de la Policía
de Transito son aterradoras: Entre enero y agosto de este año, se impusieron
41.727 comparendos, un promedio de 5.215 al mes, a quienes fueron sorprendidos manejando bajo la influencia
del alcohol, y 212 muertes provocadas por estos conductores irresponsables en
la ciudad de Bogotá. Es increíble que a pesar de estas cifras, el Gobierno aún
no tome cartas contundentes en el asunto para resolver está problemática que se
ha convertido en una de las principales causas de mortalidad en las vías.
Las consideraciones para la legislación de los conductores borrachos son
variadas y los acuerdos se ven lejanos: Por un lado, el Fiscal General de la
Nación, Eduardo Montealegre, busca solucionar el problema abordándolo desde la prevención y sanción
social y por el otro, están quienes ven a estos conductores como victimarios
insensatos que deben ser castigados, como en el caso del Senador Roy
Barreras.
Parece
que nuestros congresistas no se han dado cuenta que el aumento de penas para las
irresponsables conductas de conductores borrachos podría desembocar en hechos
igualmente graves y perjudiciales, como el hacinamiento carcelario. Con esta
perspectiva, vale la pena preguntarse si es necesario seguir tramitando
proyectos que aumenten o creen sanciones penales o si, más bien, los funcionarios
públicos deben buscar medidas alternas como el aumento la casa por cárcel,
añadir multas millonarias y aprobar de una vez la ley de extinción de dominio.
El
representante del partido Cambio Radical, Camilo Abril, indicó oportunamente
dentro de la discusión entre los legisladores que endurecer las penas y las
sanciones no es la solución, porque esto puede llevar a que haya más corrupción
y hacinamiento,
sin que se dejen de cometer los delitos. En lo que concierne a la
irresponsabilidad de los conductores borrachos, hasta el 31 de agosto de este
año habían dejado un saldo de 313 muertos y 1643 lesionados en un total de 1294
deplorables accidentes viales. A mi manera de ver, es evidente que este número
de asesinos en potencia no caben dentro de las cárceles por lo que es necesario
crear penas alternativas, más no dejarlos sin castigo.
Es
increíble que en lo que va corrido del año, a las cárceles del país entraron
más de 20.000 nuevos internos, un promedio de 92 diarios. Así, el aumento real
en la población carcelaria en el 2013 supera las 12.000 personas. El
hacinamiento está por niveles del 56,2 por ciento y evidentemente va en aumento
y puede llegar a empeorar con el proyecto propuesto por el partido Mira para
endurecer las penas a los conductores ebrios y los más grave es que no se le
garantiza una solución de raíz a esta problemática social.
Se
aprueba el proyecto de ley que busca endurecer las penas para los conductores
borrachos por medio de la cual, se les dará hasta 37 años de cárcel a aquellos
que causen una muerte y para los que no, entre 1 y 4 años. Por otro lado, los
legisladores han optado por implementar políticas de mano dura, que han traído
consigo efectos negativos en materia de derechos humanos, ya que increíblemente
más del 40% de la población reclusa padece el hacinamiento en las cárceles. Lo
anterior se esta convirtiendo en un conflicto insostenible en Colombia, el
sistema penitenciario y carcelario está integrado por 144 establecimientos de
reclusión, que tienen capacidad para 75.676 personas. Hoy por hoy, existen
32.707 sindicados y 78.298 condenados. Según el Consejo de Política Criminal,
lo anterior es asociado a las leyes de incremento de penas. Además, esta
manutención a borrachos le costaría unos 100.000 millones de pesos al año al
país, es decir, que estos asesinos en potencia pasarían no sólo su guayabo en
la cárcel sino que se les aseguraría vivienda y comida gratis por un largo
periodo de tiempo. Con ese panorama, vale la pena preguntarse si es necesario
seguir tramitando proyectos que aumenten o creen sanciones penales o si, más
bien, los congresistas deben buscar medidas alternas como el aumento de la casa
por cárcel o darle prioridad a temas como educación en el tema de alcohol, para que así la prisión sea la última
opción.
Una
vez más están en discusión los castigos que se le deben aplicar a aquellos que sean cogidos manejando en
estado de embriaguez, acto que atenta gravemente contra la integridad tanto del
conductor como de las diferentes personas, convirtiéndose así en una de las
principales causas de mortalidad en las vías. Con el aumento de las penas
carcelarias a estos asesinos en potencia se está desembocando en hechos
igualmente graves y perjudiciales, como el hacinamiento carcelario.
Actualmente, más del 40% de los reclusos viven en hacinamiento dentro de los
penales y al estado le costaría aproximadamente 100.000 millones de pesos
mantener a estos criminales que irían a pasar un largo guayabo en las cárceles.
Para qué seguir desgastando innecesariamente el dinero y más bien aprobar de
una vez la ley de extinción de dominio y añadirle millonarias multas, junto con
el aumento de la casa por cárcel a estos borrachos irresponsables.
